Hace algunos años, el Infonavit era una excelente oportunidad para que los obreros pudieran hacerse de una vivienda propia, misma que se convertía en un patrimonio para sus hijos.
Durante esos años, cuando el instituto era el encargado de construir y comercializar las viviendas, se erigieron cientos de conjuntos habitaciones que fueron habitados por trabajadores, burócratas y casi cualquier persona que pudiera acceder a un crédito del Infonavit.
De hecho, durante esa época los requisitos para obtener una vivienda eran fáciles de cumplir y existía la ventaja de que sectores de la población, como las madres solteras, tenían prioridad para hacerse de una residencia.
Y aunque había quejas por el tamaño de las viviendas, generalmente estas casas eran suficientes para albergar a una familia; además, de que contaban con los cimientos necesarios para poder ampliarse.
Incluso no existía nadie que se quejara por la calidad y ubicación de estos fraccionamientos que, a la fecha, están ubicados en céntricos sectores y las casas siguen de pie, como el día que fueron entregadas a sus propietarios.
Sin embargo, con la llegada del neoliberalismo, los tecnócratas y los privatizadores al poder, las reglas cambiaron y el Infonavit dejó de construir casas.
El argumento era el mismo que se utilizó para vender Teléfonos de México, Ferrocarriles Nacional y otras empresas paraestatales: la corrupción y burocratismo habían hundido a la dependencia.
Entonces, un “genio” importado de Harvard, Yale o alguna otra universidad norteamericana que había conseguido un empleo en el gobierno federal, tuvo la gran idea de convertir al Infonavit en una especie de gestor de créditos para que fuera el mismo trabajador quien comprara su casa de un abanico de constructoras.
La idea en sí misma –como el resto de los proyectos de este grupo que gobernó al país–, no parecía mala, después de todo la competencia y la variedad de opciones permitía pensar en que el trabajador iba a poder comprar con su crédito la mejor casa del mercado a un precio razonable.
Sin embargo, estamos en México y en este país lo sencillo se vuelve imposible y lo absurdo es una realidad.
A la fecha, las casas que se ofertan a los trabajadores no sólo son caras sino cada día mucho más pequeñas y los casos cada vez se vuelven más indignantes.
¿O de qué otra forma se le puede llamar al hecho de que un trabajador tiene que endeudarse por 20 años de su vida por una casa en la que ni siquiera puede meter un refrigerador de tamaño regular?
En las casas de los obreros de hoy en día, pensar en tener una sala, un comedor, una recámara confortable es un sueño guajiro al que sólo una minoría puede acceder.
Por si todo esto fuera poco, hay que mencionar que las condiciones de los materiales de estas viviendas, su ubicación y los servicios que ofrecen son tan malos, que pareciera que el trabajador está viviendo en un terreno irregular o invadido en lugar de un fraccionamiento urbanizado.
Eso sí, que los trabajadores ni siquiera piensen en reclamar las lamentables condiciones en las que les entregan sus casas, de inmediato el Infonavit se lava las manos y asegura que “no es responsable” de la calidad de las viviendas.
¿Y cuánto tienen que pagar los trabajadores que ingresan a la pesadilla de las viviendas populares? Precios que convertidos a dólares, con el actual tipo de cambio son suficientes para comprar una verdadera residencia en Texas.
Es verdad, las comparaciones son odiosas, molestas, indignantes y más cuando nos damos cuenta que con lo que un obrero de México paga por una casa pequeña, fea y frágil, un trabajador eventual en Estados Unidos puede instalarse en un verdadero palacio.
Quizás por ello aún y con la política antimigrante de Estados Unidos, los muros fronterizos y la persecución policiaca contra los mexicanos sobran los compatriotas que deciden lanzarse en búsqueda del mal llamado “sueño americano”.
Después de todo, podría ser preferible esconderse de la “migra” en una casa amplia, con aire acondicionado y demás comodidades, que vivir apretado e incómodo en tu propio país.
Publicado: Año 3 / No. 30 / Junio 2008
|
Baja California 